El pasado 28 de abril el Boletín Oficial del Estado publicaba la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito (en adelante, la Ley) que entrará en vigor en nuestro ordenamiento el próximo 28 de octubre del presente año, de acuerdo con su Disposición Final Sexta.

No obstante el loable propósito de nuestro legislador  de crear una norma que sea el referente único y obligado para la atención a las víctimas de delitos, nos encontramos desde el punto de vista del mundo de la discapacidad con una nueva norma que viene a sembrar un poco más de confusión donde no debería dejar ningún margen para la duda o para la interpretación subjetiva del destinatario de la norma. Intentaremos explicarnos a lo largo de este artículo.

Viene siendo ya habitual que en cualquier norma que se refiera a las personas con discapacidad (en adelante, PCD) tengamos que iniciar el comentario lamentando que nuestro legislador siga sin tener adaptada nuestra legislación a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante, CDPD) hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2.006 y en vigor en nuestro ordenamiento desde el 3 de mayo de 2.008. Porque a día de hoy sigue sin estar adaptada nuestra legislación en la parte más importante que es la referente a las instituciones de guarda de la persona y, concreta y especialmente, en lo tocante a la «incapacitación judicial». Bueno será recordar que el artículo 12 de la CDPD se refiere al «igual reconocimiento como persona ante la ley» y proclama, sin ningún género de duda, que las PCD tienen  capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás y que lo único que autoriza dicho artículo es a facilitar a las PCD el «acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica», pero se trata solo de eso, de un «apoyo» (otra cosa es que el legislador no sepa lo que se entiende por «apoyo» en el mundo de la discapacidad) pero sin merma de su capacidad jurídica. Y también hemos de recordar el artículo 13 de la CDPD que trata del «acceso a la justicia», en el cual impone a los Estados Partes que el acceso a la justicia de las PCD sea en igualdad de condiciones con las demás personas «incluso mediante ajustes de procedimiento  y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño efectivo de esas personas como participantes directos e indirectos» en todos los procedimientos judiciales. En parte, la Ley debería ser la adaptación a derecho interno de esa previsión de la CDPD.

Sin embargo, estamos ante otra oportunidad perdida de ir efectuando dicha adaptación aunque sea de forma parcial y sectorial. Y decimos esto comenzando por la primera y más elemental herramienta que tiene el jurista y, en general, todo profesional del Derecho que no es otra que el «lenguaje». La claridad del lenguaje en los textos legales es cuestión que está fuera de toda duda por cuanto lo que la norma no puede hacer es utilizar términos equívocos o confusos que pueden hacer inaplicable la norma o que su aplicación dependa de la «interpretación» que en cada momento haga quien deba aplicarla.

En efecto, la Ley en su artículo 4, letra a, nos habla de las personas que tienen «la capacidad judicialmente modificada». Esta expresión de «capacidad judicialmente modificada» es la que más gusta a nuestro legislador y con la que parece ser (pues no se acomoda a la CDPD) que quiere mencionar a aquellas personas que han sido sujetos de un proceso de capacidad y se encuentran bajo tutela o curatela. En estos casos, impone que cualquier información (estamos en sede del «derecho a entender y ser entendida», lo que parece justificar que no haya que mencionar a las personas con discapacidad física, según el legislador) haya de darse «a su representante o persona que le asista». Ahora bien, si la PCD no ha sido sujeto de un proceso de capacidad y no tiene ni tutor ni curador parece ser que la Ley considera que más allá de la información que reciba la propia PCD no es necesario decirlo a nadie. Estamos ante un claro ejemplo de la confusión  que tiene nuestro legislador (y quizá explica en parte la falta de adaptación a derecho interno de la CDPD) sobre el «apoyo social» que tienen las PCD y lo que sería el «apoyo jurídico». Si estamos hablando de PCD, la idea de «apoyo» es natural porque si no fuese PCD no necesitaría el «apoyo». Y, conforme a la CDPD, hay que facilitar, asegurar, promover, conceder a las PCD cuantos «apoyos» sean precisos para que puedan «ejercitar sus derechos en igualdad de condiciones con las demás personas». Es decir, que la utilidad del «apoyo» para las PCD es independiente de si dicho apoyo reviste o no el adjetivo de «jurídico». Todo esto que venimos diciendo lo que quiere poner de manifiesto es que si la persona que tiene que informar a una PCD víctima de un delito llega a la conclusión que como dicha persona no tiene tutor o curador ya no tienme que informar a nadie más que a la propia víctima del delito, se vulnerará la norma porque a lo mejor dicha información no es captada por la PCD. Y el remedio es tan sencillo como simplemente indicar que cuando se trate de PCD la información también le será dada a aquellas personas con las que conviva o quienes le presten los apoyos ordinarios. Y, por cierto, ya va siendo hora (estamos en el siglo XXI) de dejar de equiparar a las PCD mayores de edad (aunque hayan sido objetos de un proceso de capacidad) con los menores de edad.

Más adelante, en el artículo 22 al tratar del derecho a la protección de la intimidad la ley menciona alas «víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección». Lo que puedan ser necesidades de especial protección se concretan en el artículo siguiente (el 23) pero llama la atención que ignorando la especial vulnerabilidad de las PCD nos hable la Ley de PCD necesitadas de especial protección porque esto da a entender que la discapacidad por sí misma no requiere una «especial protección».

Bueno, pues no, la propia Ley  en el artículo 23 se viene a desdecir porque a la hora de valorar las circunstancias que pueden determinar la necesidad de una especial protección precisamente impone tener en cuenta si es «persona con discapacidad». Luego, la discapacidad sí es una circunstancia que impone una «especial protección» aunque sólo sea para salvar la barrera que impide el ejercicio de cualquier derecho en igualdad de condiciones con las demás personas (según nos enseña la CDPD).

No obstante, en el artículo 26 el título nos vuelve a sembrar de dudas cuando se refiere a las «medidas de protección para menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección». Pero, vamos a ver, ¿no habíamos quedado en el artículo 23 que la discapacidad es de por sí una circunstancia para considerar la necesidad de una especial protección?, ¿a qué viene entonces hablar otra vez ahora de personas con discapacidad necesitadas de especial protección?, ¿puede haber, preguntamos, una PCD sin necesidad de especial protección?, ¿y, en este caso, quién y cómo establece  la frontera para dicha necesidad?.

Posteriormente, en los artículos 28 (apartado 5) y 30 (apartado 1, párrafo segundo) se habla, en general, de «personas con discapacidad». Mejor así porque la propia discapacidad ya implica una serie de circunstancias que requieren de una especial atención y protección.

Lo dicho creemos que pone de manifiesto la (ya habitual pero no por ello menos condenable) dubitativa visión que tiene nuestro legislador de las PCD cuando se debe regular cualquier situación  en la que intervienen. La aplicación de la CDPD (y el sentido común) hacen mucho más fácil cualquier regulación si sabemos (éste es el problema) qué es un «apoyo» para las PCD. Sabiéndolo no habría  ningún problema porque en relación a la Ley que nos ocupa sus previsiones serían más claras y sencillas si dijesen lo siguiente:

1.- Si la víctima es PCD se adaptará la explicación de todos los derechos de esta Ley a través de aquellos medios que le resulten comprensibles, mediante la asistencia o los apoyos materiales o personales que sean precisos, así como se informará de estos derechos a sus familiares o personas con las que convivan o le presten los apoyos ordinarios pero sin que esta información a terceros supla o merme la que debe recibir la propia PCD.

2.- Toda PCD tendrá la consideración de «víctima con necesidad de especial protección».

Creemos que así es mucho más fácil entender para cualquiera qué hacer cuando una PCD es víctima de un delito y nos evitamos un lenguaje equívoco que, además de no guardar correspondencia con la CDPD, viene a establecer unas distinciones que van a generar más dudas que certezas («capacidad judicialmente modificada», «necesidad de especial protección») y que en el supuesto de PCD con dificultades de expresión puede suponer la vulneración de la Ley por falta de adecuación a la persona.