El pasado viernes 3 de julio se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la Ley 15/2015, de 2 de julio,. de la Jurisdicción Voluntaria (LJV) y con la que nuestro legislador continúa en su particular empeño de contradecir e incumplir la Convención sobre los Derechos de las Personas con  Discapacidad (CDPD).

La falta de adaptación del artículo 12 CDPD es la que en el fondo motiva este incumplimiento, adaptación que conllevaría la eliminación de la incapacitación (tanto en la terminología como en el procedimiento hoy existente aunque llamado de «capacidad») y la sustitución de las instituciones de guarda de la persona (patria potestad prorrogada o rehabilitada, tutela o curatela) por los medios de apoyo a la persona en el ámbito jurídico. Sigue llamando la atención la (inexacta) terminología que nuestro legislador siguen utilizando cuando se refiere a «personas con la capacidad judicialmente modificada» toda vez que:

1º.- La CDPD parte de la consideración de que las personas con discapacidad (PCD) tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás personas en todos los aspectos de su vida (artículo 12, apartado 2). Luego qué quiere el legislador que entendamos por «modificada»; lo que la CDPD impone a los Estados es que proporcionen a las PCD acceso «al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica» (artículo 12, apartado 3), pero desde luego no autoriza a que esto suponga una «modificación de la capacidad jurídica».

2º.- La preocupación de la CDPD es que las PCD pueda ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con las demás personas (por todos, artículo 1. Esto significa (y es lo que nuestro legislador aún no ha «digerido») que son las propias PCD las que deben decidir sobre su vida a cuyo fin habrá de facilitarles los apoyos precisos pero éstos (los apoyos) son un medio para alcanzar un fin y no se contemplan  como una fórmula para trasladar el poder de decisión a una persona ajena a la propia PCD.

3º.- Pero es que, además, hemos de preguntarnos qué pasa si una PCD no es sujeto de un proceso de capacidad y, por tanto, no tiene su «capacidad modificada judicialmente», ¿cuál es su situación jurídica?. Un ejemplo nos ilustra lo anterior: conforme a las modificaciones que la misma Ley 15/2015 introduce en el Código civil se nos dice (artículo 81) que la separación judicial se decretará cuando haya hijos menores o con la capacidad modificada judicialmente, pues bien, resulta entonces que una pareja con un hijo mayor de edad discapacitado (pero que no ha sido sujeto de un proceso de capacidad) no tiene que separarse judicialmente. El absurdo entendemos que es manifiesto.

4º.- Y todo este problema viene porque nuestro legislador no se entera que el concepto jurídicamente relevante es la discapacidad y no la resolución judicial que declare la necesidad de un apoyo jurídico. Lo que debe buscar el legislador es que las PCD ejerciten sus derechos en igualdad de condiciones con las demás personas lo que supone (sea cual sea su edad, hayan pasado o no por un proceso de capacidad, etcétera) que deben contar con los apoyos precisos y necesarios para dicho fin y que dichos apoyos (y las salvaguardas de los mismos como impone la CDPD) deben ser objeto de exámenes periódicos. Esto en traducción simple y rápida nos dice que en cada situación en que se vea implicada una PCD habrá de procederse a comprobar que los apoyos y medidas de que dispone son adecuados y si se entendiera que no lo son proporcionar aquellos que sí se consideren más adecuados. Pero, insistimos, «apoyos» y no la sustitución de la PCD por un tercero a la hora de decidir.