En menos de un mes se cumplirán once años de vigencia de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, que vino a crear en nuestro ordenamiento una nueva institución (los patrimonios protegidos) con una finalidad loable (favorecer aportaciones para las personas con discapacidad) y con una regulación (en parte) novedosa para aquel momento. Sin embargo, la realidad hoy nos muestra que se han constituido pocos patrimonios protegidos y que la finalidad de la mayor parte de ellos es solamente como «patrimonio de gasto» y con un evidente propósito de beneficio fiscal para los aportantes. Ante esta situación tenemos que preguntarnos la razón de este escaso y limitado uso. Nuestra experiencia (por charlas y conferencias en asociaciones y escuelas de padres) nos permite manifestar que gran parte de su escaso uso es por el desconocimiento (tanto por ignorancia como por erróneo planteamiento) que de dicha institución se tiene. Conviene, pues no dudamos que puede ser una herramienta de «apoyo jurídico patrimonial» importante para las personas con discapacidad, que recordemos sus principales fundamentos y características:

1.- Es un conjunto de bienes y derechos con una finalidad concreta y predeterminada: satisfacer las necesidades vitales del beneficiario, y éste solo pude serlo una persona con discapacidad.

2.- Esta masa patrimonial no tiene una personalidad jurídica propia e independiente de su titular y tampoco supone que los bienes y derechos a ella aportados queden fuera del tráfico jurídico como bienes inembargables.

3.- Las normas de su administarción son libremente decidas por el constituyente del patrimonio protegido. Esta posibilidad es un medio apto para que los padres (quienes normalmente son los que constituyen el patrimonio protegido) puedan establecer con plena libertad cómo quieren que se administre el patrimonio así como establecer cuantas medidas consideren oportunas para el mejor disfrute de los bienes por el beneficiario.

4.- El administrador del patrimonio (cuando no lo sea el propio beneficiario) es, por expresa disposición legal, el representante legal del beneficiario para todos los actos de administración del patrimonio sin necesidad de precisar la autorización o consentimiento de padres o tutores.

5.- La «protección» de que goza este patrimonio se refiere (no a la inembargabilidad de los bienes como erróneamente aún lo piensa mucha gente) sino a que está «salvaguardado de las vicisitudes personales del beneficiario», es decir, es absolutamente indiferente para el desenvolvimiento de este patrimonio que el beneficiario haya sido o no incapacitado judicialmente (usamos el término para el entendimiento general aunque hoy sería más preciso hablar de «persona con proceso de capacidad»), que sea mayor o menor de edad, que vivan sus padres o que esté huérfano, etcétera. El patrimonio desde que se constituye y tiene a su administrador nombrado es plenamente operativo sin necesidad de mayor requisito.

6.- Como gran novedad en el momento de su publicación, está el hecho de que no se precisa que su beneficiario haya pasado por un proceso de capacidad.

7.- Una nota importante y característica es el especial régimen al que se somete a los bienes y derechos que integran el patrimonio protegido y que se aparta del régimen general y tradicional de los bienes de las personas incapacitadas. Especial mención merece la posibilidad de que no haya que solicitar autorización judicial para la venta de los bienes y que en ningún caso será necesaria la subasta pública para la venta de los bienes que integran el patrimonio protegido.

8.- La disposición de dinero es válida desde la misma aportación dineraria de conformidad con la modificación que se llevó a cabo por la Ley 1/2009, de 25 de marzo, que aclaró-definitivamente-una cuestión que enturbió y dificultó la constitución y desarrollo de los patrimonios protegidos en un primer momento.

No podemos ignorar, por otra parte, que la parte fiscal de los patrimonios protegidos sigue siendo a día de hoy el gran talón de Aquiles de la institución, los pocos beneficios que concede y una regulación poco clara de los mismos no favorecen el desarrollo de la institución. Nos permitimos efectuar las siguientes propuestas:

Primera.- Ampliación de las personas que pueden beneficiarse de las reducciones de la base imponible. En efecto, si es un hecho más que constatado el aumento de la esperanza de vida de las perosnas con discapacidad no se comprende por qué razón no se extiende a los primos (cuarto grado de línea colateral) la posibilidad de reducción de su aportación.

Segunda.- En materia de aportaciones no dinerarias se debería dejar perfectamente claro en la propia Ley del IRPF (sin remisión a otra norma) el valor de la misma.

Tercera.- Eliminar o «suavizar» la subrogación que se impone al beneficiario en la aportación no dineraria.

En conclusión, y aunque el aspecto fiscal es claramente mejorable, podemos afirmar que la institución del patrimonio protegido puede ser un «apoyo jurídico válido y eficaz para las personas con discapacidad en su ámbito patrimonial».